Días atrás, el presidente de México, Felipe Calderón, ha nombrado a su amigo  José  Francisco  Blake nuevo  ministro del Interior. Podría interpretarse como un rutinario cambio en el equipo gubernamental si  Blake no fuera el cuarto titular en la cartera de interior en los últimos años.  O si no fuera porque en México la guerra contra los cárteles del narcotráfico no hubiera costado al país más de treinta mil muertos en los últimos tres años.
Para entender este problema en su justa dimensión tenemos que retrotraernos unos años: en julio de 2002 el PRI perdía la hegemonía política que había ejercido sobre México en los últimos 71 años ("la dictadura perfecta", en atinadas palabras de Vargas Llosa) y el país entraba en una situación, digamos, de normalidad democrática. No son fáciles estas transiciones. El segundo presidente en esta nueva etapa  de la vida mexicana ha sido   Felipe Calderón, elegido presidente en 2006 para un mandato que expira en 2012.
Calderón desde  el primer momento de su mandato tuvo la lucidez de ver que  los narcotraficantes se estaban convirtiendo en una amenaza nacional y redobló la represión contra los cárteles de la droga. Rápidamente logró reducir los flujos de cocaína, apresar un alto número de traficantes y decomisar  inmensas de drogas y armas. Pero nada impediría que el 90 por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos siguiera proviniendo de México y que la violencia experimentara  un salto cualitativo y cuantitativo hasta  dejar un balance de más de 23.000 asesinados en tres años.
Cada vez son más numerosas las voces que vienen a sumarse al cínico comentario de que Calderón se metió en una guerra que difícilmente podía ganar. El narcotráfico mexicano mueve inmensas cantidades de dinero, suficientes para mantener  verdaderos ejércitos de sicarios y para comprar voluntades en las más altas jerarquías de las fuerzas de seguridad responsables de reprimir a los cárteles. "Plata o plomo", es la disyuntiva que estos narcoterroristas presentan a políticos, militares, policías, periodistas y otros agentes de la sociedad civil mexicana. En la lucha contra este crimen organizado ha habido que depurar, y encarcelar, a generales, jefes máximos de la policía y  destacados políticos. Entre los medios de comunicación cunde el temor y está muy generalizado el silencio aunque también hay que destacar la valentía de muchos profesionales de la información: doscientos de ellos lo han pagado con su propia vida.
Calderón no arroja la toalla pero ciertamente lo tiene difícil. No cuenta con aliados externos. Carece de equipos eficientes como con los que ha contado el colombiano Uribe para llevar a cabo su titánica y exitosa lucha contra las mafias del narcotráfico de su país. Y además, México tiene una inmensa frontera  con Estados Unidos, el país primer consumidor de drogas  en todo el mundo. Un negocio fronterizo este de las drogas  que supera los 4.800 millones de dólares al año: el 90 por ciento de la droga consumida en Estados Unidos llega desde México.
Esta guerra le está costando demasiado a México: en corrupción (según Trasparencia Internacional), en competitividad (según el Foro de Davos), en su economía (mientras América Latina crece un 3 por ciento, México lo hace 1.9 por ciento) y de manera especial en vidas humanas: 23.000 en tres años. Según la versión oficial, la mayoría de estas muertes son a consecuencias de las guerras entre los distintos cárteles. Puede que  algo haya de verdad pero también es cierto que son innumerables las, digamos, víctimas inocentes.
Y a estas víctimas de personas con nombre y apellidos hay que sumar otra, muy lamentable: la confianza en el sistema. Según las últimas encuestas, sólo el 42 por ciento de los mexicanos  consideran que  la democracia  es el mejor sistema político.